La LGPD siempre tuvo un problema de aritmética: la ley pedía comunicación del incidente en "plazo razonable", y plazo razonable, en la práctica, era lo que cada empresa decidiera que era. La Resolución CD/ANPD n.º 15 de 2024 resolvió la ambigüedad con un número: 3 días hábiles, contados desde el conocimiento del incidente que pueda acarrear riesgo o daño relevante a titulares.
Y el enforcement dejó de ser hipótesis: la ANPD aplicó la mayor multa de la historia de la LGPD a ByteDance, y casos públicos muestran el costo de no comunicar. El checklist de abajo es lo que pide la primera hora de un incidente.
Hora 0: contenga sin destruir la evidencia
El instinto de emergencia es resetear todo: cambiar contraseñas, formatear, restaurar. La contención es necesaria, pero resetear sin preservar borra la línea de tiempo que la ANPD va a pedir.
Secuencia que funciona: aísle (no apague), revoque credenciales comprometidas, capture logs y snapshots antes de cualquier modificación, y abra el registro del incidente con fecha y hora. Cada decisión de aquí en adelante entra en ese registro con un responsable designado.
Hora 1: clasifique el riesgo con criterio
La comunicación obligatoria existe para el incidente que pueda acarrear riesgo o daño relevante. Los criterios prácticos:
- Naturaleza de los datos: sensibles, financieros, credenciales, datos de niños y adolescentes pesan más.
- Volumen: cuántos titulares, y de qué perfil.
- Daño posible: fraude, discriminación, daño reputacional, robo de identidad.
- Reversibilidad: se puede deshacer el efecto (bloquear credencial, cancelar token) o el daño es permanente?
Documente la decisión, incluso si concluye que no hay riesgo relevante. La evaluación es responsabilidad de la propia empresa, y el registro es lo que diferencia "evalué y comuniqué que no aplicaba" de "nunca evalué". El caso de los 279 millones de CPF circulando en foros criminales mostró lo que ocurre cuando la evaluación se hace de forma improvisada.
Hora 24: comunique a la ANPD
En un máximo de 3 días hábiles desde el conocimiento. El contenido mínimo: descripción de la naturaleza del incidente, datos afectados, número de titulares, riesgos a la seguridad, medidas de seguridad adoptadas y posibilidad de reversión de los daños.
El error clásico es esperar el reporte técnico completo para comunicar. El plazo cuenta desde el conocimiento del hecho: comunique con lo que se sabe, marque lo que aún está en investigación y refuerce la comunicación conforme avance. Una comunicación parcial dentro del plazo vale más que una comunicación perfecta fuera de él.
Hora 48: comunique a los titulares
La misma verdad, otra audiencia. El titular no quiere jerga: quiere saber qué ocurrió, cuáles de sus datos fueron afectados, el riesgo concreto (y si necesita actuar: cambiar contraseña, vigilar el extracto, desconfiar de llamadas) y por dónde hablar con la empresa.
La comunicación vaga no economiza: genera reclamos, y el reclamo alimenta la fiscalización. La autoinfracción de la ANPD en el caso ISAC, de 500 mil pacientes, muestra que la transparencia bien conducida se trata como buena fe.
Hora 72: remedie y arme el expediente
Con el plazo cumplido, el trabajo cambia de reloj a calidad: corregir la vulnerabilidad raíz (no solo el síntoma), actualizar el plan de respuesta con lo que el incidente enseñó y cerrar el expediente con logs, decisiones y comunicaciones.
Ese expediente es el activo más subestimado de la respuesta a incidentes. En una fiscalización, transforma la conversación: la empresa que documenta línea de tiempo, criterios y acciones demuestra gobernanza; la que improvisa demuestra suerte.
Conclusión
3 días hábiles es poco para resolver un incidente y es tiempo de sobra para comunicarlo. La confusión entre las dos tareas es lo que hace que empresas se pasen del plazo.
El checklist cabe en una página y se arma antes del incidente: quién responde, hacia dónde comunica, qué dice, con qué evidencia. Preparar cuesta días; improvisar bajo plazo regulatorio cuesta sanción, y la vara ahora tiene número público: 153,7 millones de reales.